Próxima semana se analizaría desafuero de “el Cisne”

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Xalapa, Ver.- De acuerdo al presidente de la Comisión Instructora del Congreso de la Unión, Ricardo Ramírez Nieto, la próxima semana se podría convocar a sus integrantes para analizar la solicitud de juicio de procedencia en contra del diputado veracruzano Alberto Silva Ramos, hecha por la Fiscalía General del Estado el pasado 14 de julio. 

En entrevista telefónica, el  legislador señaló que se tendrá que revisar como está el proceso y una vez que llegue a sus manos convocará a las integrantes de esta comisión para analizar los elementos de procedencia y determinar lo que resulte. 

La solicitud hecha por la Fiscalía General de Veracruz a cargo de Jorge Winckler Ortíz es por los delitos de coalición, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, ya que se le acusa del desvío de alrededor de mil 500 millones de pesos. 

En ese sentido, dijo, que para que la solicitud de desafuero proceda  las carpetas de investigación que abrió el fiscal general WInckler deben estar totalmente concluidas.

“Habrá que recordar que para que se haga una solicitud de desafuero, las carpetas de investigación deben estar totalmente concluidas, yo por los medios de difusión he tenido conocimiento de que el diputado Silva Ramos acudió a la Fiscalía para conocer de las acusaciones que pesan en su contra y al parecer estaban de vacaciones los fiscales, pero ya hay una invitación y habrá que ver lo que resulta.”

El legislador recordó también que fue el propio fiscal de Veracruz envió una invitación al dos veces coordinador general de Comunicación Social durante la administración  duartista para que acuda este viernes a la Fiscalía a conocer su expediente, 

Hay que recordar que el pasado 14 de julio se dio cuenta que la FGE solicitó a la Cámara Baja del Congreso de la Unión el desafuero del priista al tener abiertas tres carpetas de investigación en su contra por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición, por el desvío de recursos por arriba de los mil 500 millones de pesos. 

De acuerdo a la institución procuradora de justicia se le acusa de ordenar pagos a medios informativos y no reportar los gastos ante el Congreso del estado por el orden de mil 459 millones 50 mil 359.50 pesos en el ejercicio fiscal 2014; y, por 108 millones 721 mil pesos que hacen un total superior a los mil 500 millones de pesos. 

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